Se trata esta vez acerca del nexo «bibliotecas y democracia» para referirse a las condiciones sociales y políticas de acceso y uso de los acervos con información documental, previamente catalogada y clasificada, para que las personas, acorde con su estatus ciudadano, puedan realizar y promover las actividades y los estilos de vida que ellas eligieron en el contexto de las diversas formas de orden, convivencia y asociación que proyectan su vida civil dentro del Estado de democracia. La calidad del acceso a las colecciones bibliográficas que desarrollan las instituciones bibliotecarias y la naturaleza de los servicios bibliotecarios hacia los diferentes grupos sociales es lo que, según se percibe, puede determinar el grado, la forma y el alcance de participación en este ámbito. Estos recursos institucionales se traducen en derechos específicos que hacen posible, en principio, el acceso universal a las bibliotecas, particularmente las de carácter público. Recursos que, en efecto, son esenciales para la participación directa o indirecta en el ejercicio del poder político, esto es, ya sea como miembro de un instituto político dotado de autoridad pública o como elector de los candidatos que aspiran a ocupar un cargo de funcionario público. En esta perspectiva, los sistemas bibliotecarios públicos requieren una esmerada atención respecto a su creación, desarrollo, distribución y funcionamiento, puesto que su objetivo es garantizar los mecanismos adecuados para ayudar a construir y mantener una ciudadanía educada, informada y, consecuentemente, activa en los terrenos de la agenda pública, el debate político y la contienda electoral.   

Se infiere entonces que una estructura bibliotecaria funcional, disponible para favorecer, articular y materializar los valores que caracterizan a la democracia como forma de vida, gobierno y Estado, es un recurso clave. Semejante estructura, según observan los teóricos del tema, ayuda a incrementar la capacidad de los ciudadanos para explorar mecanismos previamente establecidos en el seno del Estado democrático. Así, las bibliotecas contribuyen a constituir un orden democrático, habilitante de capacidad informada y acción democrática. Especifican la satisfacción de necesidades de información de los futuros (de niños y niñas) y presentes ciudadanos (adultos) para que ellos, como miembros de una comunidad política (Estado), logren ser libres e iguales en relación con lo que entraña un efectivo proceso democrático. En efecto, proporcionan formalmente esas instituciones las oportunidades de información, conocimiento y saber con que juzgar si un fenómeno, situación o sujeto es o no justamente democrático. Los centros bibliotecarios así se configuran como un «derecho universal democrático». La universalidad en torno del uso de la biblioteca como derecho humano está contemplada en una serie de manifiestos y declaraciones mundiales, regionales y nacionales, productos de conferencias y congresos que evidencia el espíritu democrático de la comunidad bibliotecaria.     

Las bibliotecas que se constituyen con el erario se conciben como un «derecho público democrático» en tanto ayudan a establecer las condiciones de información documental que posibilitan a la ciudadanía, junto con otras formas de información y comunicación, a zanjar sus disputas y conflictos que les caracteriza el vivir en democracia; y porque esas entidades culturales materializan el derecho de acceso a la información y se incluyen en la ley pública democrática. Es decir, el derecho democrático sobre el acceso a las bibliotecas se distingue por las prerrogativas institucionales y organizativas que detallan las leyes (legislación bibliotecaria y conexa) que conforman el derecho público democrático. En esta tesitura, esas instituciones sociales crean un marco de lectura pública para apoyar la actividad política que mantiene los valores (libertad, igualdad y justicia) y los niveles de desarrollo de la relación Estado y democracia. De tal modo que los centros bibliotecarios ofrecen espacios (salas públicas de lectura), componentes (colecciones bibliográficas) y llevan cabo actividades (servicios) que les permiten a los(as) ciudadanos(as) efectuar prácticas democráticas. Por esto, el Estado democrático está obligado a garantizar la estructura bibliotecaria adecuada para tal efecto; y la comunidad bibliotecaria profesional y auxiliar debe salvaguardar, con el apoyo del Estado, los servicios de biblioteca y de información en el contexto de la democracia.

Según se puede entrever, las instituciones bibliotecarias y sus bibliotecarios confieren un aura de legitimidad a la vida político-democrática. Pero no siempre ha sido así. La historia de las bibliotecas revela acontecimientos de la práctica bibliotecaria alejada de la democracia o bajo ataque mediante procesos de censura. Basta con estudiar la historia del siglo recién pasado para comprobar esta realidad: el fascismo en España, Italia y Japón, el nazismo en Alemania, los golpes de Estado y las dictaduras militares en América Latina y el apartheid en Sudáfrica, entre otros hechos, son claros ejemplos en este sentido. Hallar testimonios de actos estatales contra actos bibliotecarios no es difícil incluso en algunos Estados democráticos. El compromiso institucional de las bibliotecas con la democracia es así un fenómeno reciente, como escasa y reciente es la literatura bibliotecológica monográfica en torno de la relación que existe entre bibliotecas y democracia. Nexo que no se puede analizar como una unidad simple pues existen distintas categorías, concepciones, componentes y tradiciones que tratan de manera diferente la naturaleza de ese nudo teórico en el plano del Estado, por lo que es factible seguir diferentes direcciones de análisis y estudio. El amplio espectro de la democracia perfila una variedad de puntos de vista respecto a la temática. Esta constelación incluye las relaciones entre bibliotecas, educación, ciudadanía educada y políticamente activa; bibliotecas y valores democráticos; y bibliotecas y participación política. En estos enclaves teóricos se encuentran la emancipación política en el proceso de la toma de decisiones que afectan a la comunidad, la conformación de un gobierno responsable y la transformación de una ciudadanía pasiva en una ciudadanía participativa. La importancia de esta teoría resalta porque a esas entidades culturales se les estima como sistemas institucionales que pueden colaborar a fomentar el estudio de fuentes bibliográficas para la discusión, el debate y la competencia de opiniones y juicios divergentes.

Se piensa que ninguna concepción del Estado democrático moderno puede ser válida sin un análisis del sistema nacional de información, por ende, sin una reflexión seria de los sistemas bibliotecarios con los que cuenta. Asimismo, ningún sistema de bibliotecas en el terreno de la democracia puede prescindir de un estudio del Estado democrático. En este sentido, el Estado moderno debe ser entendido en el contexto de sus sistemas de bibliotecas que pone al alcance de gobernados y gobernantes, pues esto nos permite apreciar el progreso institucional y conceptual bibliotecario clave de esa estructura política. Las bibliotecas en virtud que otorgan derechos y oportunidades de acceso a la información, son no sólo lógicamente necesarias para la democracia ideal o perfecta, sino que son también una condición práctica esencial para que exista la democracia como una realidad en sus tres dimensiones fundamentales, esto es, como forma de vida, gobierno y Estado. Bajo este ángulo, los ciudadanos, incluidos entre ellos los profesionales de la bibliotecología, debemos ser capaces de distinguir entre ideales y realidad, para de esta manera también saber conectar los ideales democráticos a la realidad democrática y así comprender cabalmente que esa fenomenología triádica de la democracia exige el funcionamiento de bibliotecas en la esfera de las instituciones sociales, políticas, judiciales, administrativas, educativas, económicas, etcétera. Las bibliotecas poseen su propio valor y ocupan así un lugar crucial en los diferentes aparatos del Estado democrático. De tal modo que esos centros, al servicio de la ciudadanía dentro del binomio gobernante-gobernado, están mejor protegidos en el contexto de la república democrática.          

En virtud que la construcción de la ciudadanía con una sólida cultura democrática requiere de adquisición de conocimientos, entonces se ha considerado pertinente también pensar la relación «bibliotecas y educación». Estos centros se constituyen así en espacios que apoyan la educación cívica, incidiendo de esta manera en el proceso de conformación de una cultura democrática, la cual no se forja en abstracto puesto que es un proceso de socialización política que demanda, entre otras cosas, de bienes y servicios bibliotecarios capaces de ofrecer un amplio abanico de información. Esta percepción está acorde con la tradición republicana principalmente, puesto que infiere esta teoría que el ejercicio de la ciudadanía requiere formación académica, y ésta insta de libros y bibliotecas. En esta tesitura, el ejercicio de la ciudadanía se refleja no sólo por el reconocimiento de determinados derechos que confiere la constitución (ciudadanía por estatus), sino también por la libertad de actuación y prácticas democráticas (ciudadanía por oficio). Se vislumbra así que el acoplamiento de estas dos categorías de ciudadanía debe desarrollarse a través de una educación basada en el ejercicio de las virtudes cívicas. Por lo tanto, se estima que los centros bibliotecarios pueden facilitar los recursos materiales e intelectuales necesarios para que hombres y mujeres logren desplegar sus facultades pertenecientes a la ciudadanía plena, esto es, el conglomerado humano quien constituye una condición necesaria para la conformación de una democracia vigorosa. Esto implica que la ciudadanía no sólo conlleva la adquisición de un título jurídico, sino la obtención de conocimientos e informaciones para una práctica de compromiso social orientada a la participación en el contexto público, así como para la formación de virtudes que permitan la articulación política de lo que entraña el bien común público.