Si la relación básica de «bibliotecas y sociedad» corresponde en esencia al paradigma social de la biblioteca pública, la conexión «bibliotecas y Estado» concierne en sustancia al paradigma político de este tipo de centro bibliotecario. Ciertamente ambos vínculos no se limitan a la biblioteca pública, pero acorde con la naturaleza de ésta es posible percibir de manera más explícita la compleja dimensión política que se distingue en torno a las funciones que desempeña esta institución en el entramado del Estado.

La palabra «política» significa la actividad que tiene como objetivo gobernar la acción del Estado en provecho de la sociedad. Es, asimismo, procedimiento orientado ideológicamente hacia la toma de decisiones para alcanzar los objetivos de los diversos grupos sociales en materia de asuntos públicos. La política como forma de praxis humana está relacionada con el poder político entre gobernantes y gobernados (Bobbio, 1997 p. 1215). Categorías que constituyen el elemento humano de la organización política conocida como Estado.

Los primeros constituyen la ciudadanía gobernante, quien desempeña la función de alta dirección del Estado, por ende, es quien encarna el poder político estatal. Mientras que los segundos conforman la ciudadanía gobernada, esto es, la población en términos generales. Elemento del Estado que es dotado de varios tipos de bibliotecas para el desarrollo de sus tareas que le corresponde realizar en beneficio propio y de la colectividad. La teoría liberal del Estado contempla como una función rectora de esta institución de instituciones, la satisfacción de las necesidades sociales de los ciudadanos a través de una serie de servicios públicos, entre los que se percibe el servicio de biblioteca pública destinado para asistir a la generalidad de los gobernados, es decir, al pueblo. Por tal motivo, este tipo de biblioteca es la base de la pirámide social del sistema bibliotecario nacional del Estado.

La conexión de la política con la disciplina de la bibliotecología y la práctica de la biblioteconomía es un tópico general que ha sido analizado desde diferentes puntos de vista. Estos enfoques los podemos sintetizar mediante los siguientes vínculos: 1] «política y bibliotecología» (Birdsall, 1988; Blanke, 1989; Smith, 2009);  2] «política y bibliotecas» (Dosa, 1974;  Martin, W., 1974/1975; Lick, 1984; Smith, 2009); 3] «política y bibliotecología pública» (Bergen, 1985; Shavit, 1986; Burton, 2009); y 4] «política y bibliotecas públicas» (Garceau, 1949; O’Kelly, 1977; Carrigan, 1989; White, 1989; Usherwood, 1991, 1994, 1996; García y Sutherland;  2001). El prototipo político de la biblioteca pública comprende en la literatura especialmente las dos últimas relaciones.

Acorde con la literatura publicada sobre el tema, observamos que la apreciación de la biblioteca pública en el esfera de la política no es reciente. El libro de Oliver Garceau, publicado a mediados del siglo XX bajo el título The public library in the political process es una clara evidencia. Obra en la que se transmite el potencial político de la biblioteca pública, pues es de suma importancia “para los bibliotecarios, para el servicio de biblioteca y para los ciudadanos que los bibliotecarios públicos comprendan y aprecien más claramente el mundo político de la biblioteca pública” (Garceau, 1949, p. 239).

En esta esfera “las bibliotecas y la política son inseparables... las bibliotecas siempre han sido un proyecto político” (Vitzansky, 2009, p. 117). Desde este punto de vista, la ciencia política es considerada útil para investigar el funcionamiento del objeto institucional de estudio de la bibliotecología en general y de la bibliotecología pública en particular para así orientar nuestra disciplina hacia la búsqueda de nuevos conocimientos (Robbins-Carter, 1984, p 435). Pese a este enfoque interdisciplinario, “muchos bibliotecarios de bibliotecas públicas han llegado a creer el mito apolítico de la biblioteca pública” (Shavit, 1984, p. 5), por ende, ciertos bibliotecarios han intentado perpetuar el mito de que la bibliotecología es apolítica. (Birdsall, 1988, p. 75).

Desde este ángulo, a través de la formulación de este modelo se intenta observar a la biblioteca pública como una «institución política». Este propósito quizás produzca asombro en unos e incredulidad en otros, particularmente entre aquellos colegas que han seguido el credo ortodoxo de la separación, teórica y práctica, de la política respecto al ejercicio que implica organización y administración de instituciones bibliotecarias públicas. Así, negar que la bibliotecología pública nada tiene que ver con la política es un error de abstracción posible y pertinente de corregir. En efecto, como se asevera a continuación:    

La bibliotecología pública ha venido funcionando bajo el mito de que las bibliotecas públicas no son instituciones políticas. El mito de que las bibliotecas públicas deben mantenerse fuera de la política y la política de las bibliotecas públicas ha tenido una tradición de larga data. (Shavit, 1986, p. 1).

La biblioteca pública, que fue anunciada como un instrumento de la democracia, ha rechazado, en general, el mundo político en el que operan las instituciones democráticas y ha insistido en la independencia de cualquier otra agencia o instrumento de los gobiernos locales. Sin embargo, dado que las decisiones políticas afectan a los programas de bibliotecas públicas, la bibliotecología pública es, evidentemente, política. (Shavit, 1986, p. 3).

En consonancia con esta percepción, este mismo autor asevera sin la menor duda que “las bibliotecas públicas son instituciones políticas y parte del sistema político” (Shavit, 1986, p. 4). Punto de vista con el que concordamos porque estas instituciones: 1] se sostienen con capital público, 2] sus presupuestos proceden de la hacienda pública o recaudación fiscal, 3] forman parte de la estructura pública gubernamental y 4] constituyen parte del proceso político al ser afectadas por éste en su gestión y financiación (García y Sutherland, 2001, p. 13). Esta perspectiva sugiere pensar que las bibliotecas públicas son instituciones políticas porque se hallan en la arena política  de la Administración Pública del Estado. Es decir, porque forman parte tanto de la 1] política cultural como de la 2] cultura política en el entramado de esta máxima entidad de gobierno.  Así, el servicio de biblioteca pública es parte de los servicios públicos que apuntan a satisfacer las necesidades colectivas de información, educación y recreación de quienes habitan el Estado en sus tres dimensiones geopolíticas de ordenes de gobierno: la federal, la estatal y la municipal o local.   

El factor gubernamental, entonces, es uno de los principales planteamientos en torno al nexo «bibliotecas públicas y proceso político» porque “los gobiernos federal, estatales y locales están involucrados en la formulación e implementación de las políticas de la biblioteca pública” (Shavit, 1986, p. 7), mismas que forman parte de la «política bibliotecaria» del Estado y que converge ésta entre la política cultural y la política de información (García, 2003, p. 25). Consecuentemente, estos centros bibliotecarios son:

1] Objeto de políticas de equipamiento (construcción, remodelación o ampliación de los edificios de bibliotecas públicas al servicio de la comunidad);

2] Materia de políticas de educación pública (Visto este tipo de biblioteca como auxiliar del sistema de las escuelas públicas enclavadas en el nivel básico);

3]Cuestión de políticas de información (el servicio de biblioteca pública como institución garante para construir una ciudadanía informada);

4] Asunto de políticas de recreación cultural (la biblioteca pública activa que permita el disfrute, libre, gratuito y sin discriminación alguna, de las distintas manifestaciones culturales para el pleno desarrollo de los presentes y futuros ciudadanos); y

5] Tema de políticas de bienestar social (prestación del servicio público de biblioteca con el fin de que los miembros de la comunidad logren una mejor calidad de vida); 

En suma, el servicio de biblioteca pública debe ser un tópico importante de las políticas de gobierno y de Estado. La percepción de que las bibliotecas están adheridas al mundo de la política se refuerza cuando observamos, por ejemplo, que estas instituciones se mencionan, aunque lacónicamente, en obra referentes al estudio del derecho de la política (Lescieur, 2000, p. 122) y derecho municipal (Andrade, 2006, p. 282). Y es así porque en el marco de los servicios públicos municipales encontramos el servicio de biblioteca pública. Servicios que están sujetos a normas de derecho público y que, como concepto, son parte central del derecho administrativo y, por tanto, objeto de estudio del derecho municipal. En todo caso, las bibliotecas públicas pueden ser motivo también de la rama del derecho constitucional en tanto que éstas son mencionadas en las normas jurídico-políticas de lo que se nombre como la Ley suprema, esto es, la Constitución política. Norma jurídico-pública positiva del Estado y cuyo radio de acción alcanza todo lo público.       

Referencias

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Birdsall, William F. (1988). The political persuasion of librarianship. Library Journal. 113 (10): 75-79

Blanke, Henry T. (1989). Librarianship & political values: neutrality or commitment? Library Journal. 114 (12): 39-43

Bobbio, Norberto. (997). Política. En: Diccionario de política l-z. México, Siglo XXI.

Burton, Jason.  (2009). Theory and politics in public librarianship. Progressive Librarian. No. 32,  pp. 21-28

Carrigan, Dennis. (1989). Politics and the public library. Public Library Quarterly. 9 (3 ): 13-22

Dosa, Marta L. (1974). Libraries in the political scene. Westport, Greenwood Press.

Martin, W. (1974/1975).  Libraries and politics. Librarians for Social Change. (7): 9-10, 12

Garceau, Oliver. (1949). The public library in the political process. New York: Columbia University Press

García, June; Sutherland, Sue. (2001). Directores de biblioteca pública en la arena política. Barcelona: Fundación Bertelsmann.

García Martínez, Ana Teresa. (2003). Política bibliotecaria. Convergencia de la política cultura y la política de información. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. 18 (71): 25-37

Lescieur Talavera, Jorge Mario. (2000). El derecho de la política. México: Porrúa. 3ª ed.

Lick, Terry. (1984). Political elections: the library role. Library Journal. 109 (14) : 1597-1601

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Robbins-Carter, Jane (1984). Political science: utility for research in librarianship. Library Trends. 32 (4): 425-439

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