En el entorno ciclópeo de aquel centro bibliotecario palafoxiano, los autores, impresores, mercaderes, libreros, bibliotecarios y lectores fueron los principales personajes ligados con el mundo del libro en general y con el universo del libro vedado en particular. Motivo por el que tanto clérigos como laicos se vieron implicados en materia de impresos vetados. En razón de esto podemos entrever que la Biblioteca Palafoxiana, base documental del Real y Pontificio Seminario Tridentino de Puebla, no se mantuvo al margen de los problemas que entrañaron tanto el control de la circulación de escritos como la prohibición de la lectura de libros dictaminados como antagónicos al dogma católico y a la política del reino. Contexto que imposibilitó aún más la presunción idealista de convertir esa institución de lectura restringida en una «biblioteca pública». La política imperante del yugo colonial, refrendada por la monarquía y el clero, frenó ese impulso utópico palafoxiano.  

Y es que los inquisidores encontraban en todo tipo de libros, lo mismo de religión que de filosofía, derecho, historia, medicina o entretenimiento, múltiples ataques tanto a la fe, la doctrina, las instituciones, los ministros de la Iglesia y la moral cristiana como a los principios filosóficos y aun a la política (Ramos, 2013, p. 206).

Así, los libros perseguidos fueron prohibidos para todos los grupos sociales de lectores, esto es, para grupos políticos, civiles, militares, comerciantes y eclesiásticos. Los impresos calificados como muy peligrosos no debían ser leídos incluso entre aquellos lectores que habían conseguido una licencia de la Inquisición para leer algunos libros registrados en el célebre Index Librorum Prohibitorum. La intención fue que ni las elites civil y eclesiástica tuvieran acceso a ciertas lecturas consideradas como “peligrosas dentro de las peligrosas” (Gómez y Tovar, 2009, p. 45). De tal suerte que en la atmósfera colonial de la lectura, en la que las bibliotecas novohispanas constituyeron un espacio privilegiado para los clérigos ilustrados, nadie estuvo a salvo de ser parte de los denunciantes o denunciados ante el Tribunal del Santo Oficio. Diferentes miembros, pertenecientes a las esferas dominantes de la sociedad virreinal, se vieron implicados en diversos hechos perseguidos y sancionados por tal aparato. Al respecto se asevera:

En el ámbito del libro prohibido estuvieron representados prácticamente todos los poderes más importantes de la sociedad novohispana de la segunda mitad del siglo XVIII: el poder moral, detentado por los eclesiásticos; el político, en manos de los miembros de la administración real; el económico representado por los comerciantes, y el militar, por los oficiales de la nueva fuerza de control de esa época (Ramos, 2013, p. 272).    

Está comprobado que la Ecclesia Catholica fue la institución que controló la educación durante los tres siglos de la colonia en México; que los clérigos fueron los protagonistas dominantes para velar celosamente el orden moral, social e incluso político del virreinato. Por lo tanto, notable función debió desempeñar en ese contexto el Seminario Tridentino de Puebla con su extraordinario acervo bibliográfico eclesiástico y su excelsa comunidad de profesores y alumnos ilustrados. Recursos materiales y humanos con los que pudo contribuir esa institución no solamente para crear un clima de decoro académico, sino también de fanatismo detectivesco con el fin de apoyar la censura que practicó la Inquisición.

La vigilancia y relación con los textos “nocivos” se dio en todos los niveles de la jerarquía eclesiástica y en todos los terrenos de la institución. De una u otra manera intervinieron lo mismo obispos y otros prelados, como rectores, vicerrectores, provinciales, superiores, procuradores, vicarios, priores, diáconos y jueces eclesiásticos, que prebendados, canónigos, maestros, comisarios, predicadores, colegiales, coadjutores, definidores, chantres, bibliotecarios, notarios, secretarios, así como también sacerdotes y religiosos que no tuvieron ningún puesto especial o distinción. (Ramos, 2013, p. 213)    

Ante la férrea organización jerárquica de la Iglesia, cabe destacar el papel que los bibliotecarios clericales de la Palafoxiana pudieron y debieron actuar en el medio predominante de la Inquisición. Recordemos que el modelo tradicional de Palafox fue el bibliotecario-custodio, el afanoso centinela cuyo compromiso de guarda y custodia debía sobreponerse ante posibles resquicios, coyunturas u oportunidades que permitieran leer documentos prohibidos. Aquella majestuosa biblioteca, con miles de cuerpos de libros, requirió, a juicio de los doctos prelados que ocuparon el máximo puesto de aquel Seminario, de bibliotecarios-eclesiásticos con peculiar instrucción, respeto y prudencia; y con mucha aplicación y conocimiento bibliográfico. Por ende, el requisito esencial para ocupar el puesto de bibliotecario responsable fue el referente a que debían ser colegiales egresados y catedráticos de Historia Literaria y Sagrada Teología del Seminario perteneciente de dicho centro bibliotecario. La finalidad de contar con ese nivel de saber fue el conocer a fondo el manejo de autores, títulos y temas de todos los campos, para así responder con mejor propiedad a las exigencias de la Inquisición y no solamente a la comunidad de lectores. Tal trabajo de biblioteca clerical debió favorecer el status quo del sistema imperante.

En efecto, los miembros de la comunidad clerical en aquel Seminario, con su Biblioteca destinada a favorecer la formación de seminaristas y la labor docente de sacerdotes, tuvieron el herramental documental e intelectual necesario para “detectar errores en los escritos”, pues eran “ellos los más indicados y los más capacitados” para identificar aquellos libros peligrosos, consecuentemente, “constituyeron el grupo que por razones evidentes estuvo más ligado al Santo Oficio, lo cual les facilitó su papel de delatores” o su “tarea de policía” (Ramos, 2013, p. 212-213). El acervo de libros prohibidos y expurgados que se localiza en la Biblioteca Palafoxiana nos permite inferir que aquella comunidad de formadores y formandos en latín, filosofía y teología no se abstuvo de lo que consideró motivo de compromiso religioso ante los llamados del Santo Oficio. Aunque tenemos noticia que en ese espacio bibliográfico, el trabajo de orden inquisitorial, en las postrimerías del siglo XVIII, se había relajado hasta cierto punto que el personal responsable no realizaba el trabajo bibliotecario técnico-administrativo requerido por la Inquisición.

Al respecto se sabe, por ejemplo, que en enero de 1792, un profesor de los colegios palafoxianos, de nombre José Antonio Ximénez, presentó una denuncia ante la Inquisición en la que prevenía sobre la lectura de algunos libros prohibidos con “doctrinas acatholicas”. 

Últimamente, Señor Illmo., suplico rendidamente a la vigilancia y zelo de ese Santo Tribunal, se sirva hacer más efectivas las providencias, que previenen, el que en las bibliotecas públicas y de las comunidades los libros prohibidos estén enteramente separados de los corrientes sobre que advierto mucho descuido con riesgo mucho de los principiantes e incautos (AGN, Ramo Inquisición, v. 1381, exp. 9, citado por Osorio, 1988, p. 65).

En virtud que el delator no se refería en su carta a ninguna institución bibliotecaria en concreto, la Inquisición lo llamó para que puntualizara en qué “bibliotecas públicas” no se estaban procediendo, con la debida precaución, a retirar los libros vedados que se hallaban en la colección general. Aquel académico del Seminario Tridentino de Puebla acusó que una de ellas era la  Biblioteca Mayor del Seminario, es decir, la Palafoxiana, ya que había visto que en la “destinada al público” se observaba que

“[…] andan los libros con el libre uso que si fueran aprobados y permitidos; que presume lo mismo del colegio de San Pablo. Que por lo que tocan a los de su colegio le consta de vista pues se maneja esto con tal desidia, inacción y abandono que ni aún se observan las expurgaciones que preceptúan los edictos, o la separación de los que en el todo prohíben. (AGN, Ramo Inquisición, v. 1381, exp. 9, citado por Osorio, 1988, p. 65).

A través de la acusación de Ximénez, observamos que la expresión de “bibliotecas públicas”, casi al finalizar la época colonial, se continuó usando para referirse en realidad a bibliotecas eclesiásticas, es decir, espacios bibliográficos al servicio de colegios y conventos, pero según algunos “abiertos al público”. Este antecedente infiere que la idea palafoxiana en torno a la noción de «biblioteca pública» perduró al interior de la comunidad seminarista de lectores que tuvo el privilegio de contar con ese magnífico recinto documental, pero sobreprotegido con alambrado, chapas y candados para impedir a toda costa el libre acceso a sus estanterías, en particular a lectores “principiantes e incautos”; y por si fuera poco, con un reglamento, como se ha visto, expresamente pensado para limitar aún más el “libre uso” de esos recursos. En virtud de ese contexto, la percepción de biblioteca pública respecto a la Biblioteca Palafoxiana es una creencia deformada que ha pervivido, como se ha venido analizando, hasta nuestros días. Desde esta perspectiva, colegimos que el parecer que sostiene que ese espacio bibliotecario colonial fungió como “la primera biblioteca pública de América” (Frías, 1983, p. 259; Fernández, 2001, p. 17; Fernández, 2011, p. 146), es una aserción inverosímil por su desproporción y descontextualización.

Referencias

Fernández de Zamora, Rosa María. (2001). Las bibliotecas públicas en México: historia, concepto y realidad. En Memoria del Primer encuentro internacional sobre bibliotecas públicas. Perspectivas en México para el siglo XXI. Ciudad de México, del 24 al 28 de septiembre de 2001. México: CONACULTA, Dirección General de Bibliotecas. pp. 13-33

--------------. (2011). Don Juan de Palafox y Mendoza, promotor del libre acceso a la información en el siglo XVII novohispano. Investigación Bibliotecológica. 25 (54): 141-157

Frías, Martha Alicia. (1983). La biblioteca de Nueva España. Anuario de Bibliotecología. Época IV, Año 4. pp. 233-278

Gómez Álvarez, Cristina; Tovar de Teresa, Guillermo. (2009). Censura y revolución: libros prohibidos por la Inquisición de México (1790-1819). Madrid: Editorial Trama.

Osorio Romero, Ignacio. (1988). Historia de las bibliotecas en Puebla. México: SEP, Dirección General de Bibliotecas.

Ramos Soriano, José Abel. (2013). Los delincuentes de papel: Inquisición y libros en la Nueva España (1571-1820).  México: Fondo de Cultura Económica; Instituto Nacional de Antropología e Historia.