BIBLIOTECAS Y GOLPE DE ESTADO
Antes, durante y después de un golpe de Estado lo que se pone en disputa es precisamente el poder del Estado. La composición de poder estatal antes de este acto es: poder consensual, poder legítimo, poder legal, poder autorizado, poder coercitivo o coactivo, poder supremo o soberano, en suma, poder político; mientras que la composición del gobierno emanado de un grupo de golpistas es: poder ilegítimo, poder ilegal, poder arbitrario, poder violento, es decir, poder de hecho o de facto. Es en torno de este calidoscopio de poderes contrapuestos, configurado antes, durante y después del golpe, que mejor se entiende cuando se afirma: “En países tan desfavorecidos [...], ¿qué puede hacer el libro al popularizarse? La respuesta es evidente: todo. Desde el sueño individual hasta la cohesión social. Por eso las bibliotecas son las primeras en sufrir en los golpes de Estado” (Polastron, 2007, p. 202). En esta tesitura, los acervos bibliográficos, las bibliotecas, los bibliotecarios, la información documental y el conocimiento en el entramado del poder político del Estado se configuran como los recursos materiales del poder por un lado, y en recursos intelectuales del poder por el otro, pues éstos “consisten en todo lo que puede ser usado por el sujeto activo para lograr obediencia respaldando un mandato. Estos recursos son innumerables, [entre los que destacan] la información y el conocimiento” (Sanabria, 2002, p. 40). Cuando quienes mandan gobernando surgen de un régimen de facto, esto es, en oposición a un régimen de derecho o de iure, ellos se adhieren a una forma de gobierno que se mantiene al margen de las leyes, aún y cuando se esfuerzan por mostrar lo contrario. Cuando el gobierno de facto ha abolido así el Estado de derecho mediante la técnica del golpe, los recursos intelectuales del poder a los que se aluden se convierten en factores cognitivos de poder, al transfigurarse en instrumentos al servicio de grupos generalmente reaccionarios, carentes de apoyo popular.
El derrocamiento de un gobierno “se caracteriza por una serie de episodios emocionantes, luchas callejeras aquí, incautaciones allá, y casi en todas partes discusiones acaloradas, intentos de represión y una continua corriente de propaganda violenta” (Brito, 1985, p. 171). Así, cuando se secuestran las instituciones del Estado, cuando los golpistas implantan el estado de sitio, cuando los tanques de guerra y carros blindados salen a las calles, cuando patrullas de soldados con atuendo de combate enfrentan al pueblo, cuando la resistencia interna crece y se organiza, cuando dirigentes sociales son encarcelados ilegalmente, cuando el ejército realiza reclutamiento forzoso de jóvenes en varias regiones del país, cuando se allanan escuelas y universidades y se viola su autonomía, cuando el gobierno legal es sustituido por un gobierno ilegal, el quehacer cultural, en general, y el quehacer bibliográfico e informativo, en particular, son vulnerados. Los golpes de Estado en América Latina perpetrados a lo largo del siglo XX exponen indicios claros en este sentido.
Según la mira histórico-política, parecer que esta es la regla en la toma súbita del poder público: durante y después de asestado el golpe de Estado, las bibliotecas corren serios peligros de censura, destrucción y desaparición. La idea de que estas instituciones culturales se enfrentan a graves peligros ante los golpes de Estado se basa en que los impresos, como instrumentos ideológicos, pueden afectar la conciencia de los lectores; las bibliotecas, como circuitos de los aparatos ideológicos del Estado, pueden influenciar en la conciencia de los usuarios de las mismas y, por ende, tanto los impresos como las bibliotecas tienen el poder intelectual de producir consecuencias transcendentales en el universo que entraña poder de Estado. En razón de esto, sobre los bibliotecarios se cierne la detención, el asesinato o desaparición. Un testimonio histórico explícito en este sentido es la Comisión Permanente de Homenaje a los Trabajadores de Bibliotecas Desaparecidos y Asesinados por el Terrorismo de Estado creada en Argentina, la cual cada 24 de marzo realiza actos conmemorativos para rememorar un aniversario más del golpe de Estado en ese país. El problema a que se enfrentan los bibliotecarios que son víctimas de esas estructuras sin rostro democrático, es el de mantener la libertad de maniobra profesional como valor fundamental del sistema institucionalizado de biblioteca y la libertad de toma de iniciativas individuales de los bibliotecarios como ciudadanos comunes. En este sentido, el personal de biblioteca en el contexto de los golpes de Estado se ubica en un incierto mundo político y social en donde dramáticamente se le obliga a obedecer, pisoteándole así sus creencias, valores y aspiraciones, so pena de poner en riesgo sus libertades públicas e integridad física.
Es pertinente distinguir así: 1] el periodo activo del golpe, el cual se ejecuta en el menor tiempo posible; y 2] el periodo de consolidación y estabilización del poder de las fuerzas golpistas, mismo que puede transcurrir durante meses y años. En ambos periodos el grado de violencia puede variar en intensidad. Si un golpe de esta naturaleza logra interrumpir la vida del Estado y provocar la paralización de toda la vida pública, entonces es razonable pensar que los bienes y servicios bibliográficos, bibliotecarios y de información documental son, tarde o temprano, directa o indirectamente, afectados. La historia de los golpes de Estado nos enseña que los ejecutores, durante la fase activa del golpe, allanan u ocupan rápida, brutal e inesperadamente instituciones gubernamentales, puentes, centrales eléctricas, centrales telefónicas, viaductos, bancos, imprentas, medios masivos de comunicación (periódicos, canales televisivos, estaciones de radio y otros), estaciones de transporte, líneas ferroviarias, oficinas de correos, telégrafos, gaseoductos y todos los puntos estratégicos que conforman el tejido nervioso de los órganos del Estado y de la sociedad, esto es, los principales recursos que hacen funcionar a toda la máquina burocrática, política y social. Y las instituciones bibliotecarias no son la excepción.
Todo parece indicar que una de las causas fundamentales de la represión estatal, durante y después de asestado un golpe de Estado, se desarrolla de manera inminente en torno del quehacer del bibliotecario cuando el temor del gobierno a la subversión de los usuarios o al activismo político de los bibliotecarios se hace patente. Así, para revertir la influencia contraria a los intereses de los grupos militares, políticos y civiles golpistas, éstos echan mano de diversos mecanismos para controlar los servicios de biblioteca en general y a los bibliotecarios y usuarios en particular. El mecanismo extremo es el terror. Existen suficientes referentes históricos para afirmar que en la panorámica de los golpes de Estado, las bibliotecas, los bibliotecarios y usuarios han tenido que soportar el peso del aparato represivo del Estado. Lecturas acerca de los regímenes montados mediante el fenómeno político que nos ocupa, como el de Pinochet en Chile (1973), nos ofrecen múltiples indicios para afirmar que el terrorismo de Estado, como instrumento de emergencia, ha sido y es el proceso que observamos como la práctica político-gubernamental que recurre sistemáticamente a la violencia para provocar inseguridad y miedo entre la sociedad y sus instituciones, entre los grupos y sus miembros. En efecto, el ataque a los libros y a las bibliotecas, así como la represión contra quienes encarnan la cultura bibliográfica y bibliotecaria de la sociedad y el Estado, “durante” y “después” de un determinado golpe de Estado, se puede observar con los hechos que evidencia el poder del Estado a través de las dictaduras que fueron impuestas, a sangre y fuego, en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y otros países latinoamericanos a lo largo del siglo XX.
La relación bibliotecas y golpe de Estado se puede ilustrar con el elocuente título de la obra Un golpe a los libros, de Invernizzi y Gociol (2002), en la que se reconstruye el terrorismo de Estado a la que fue sometida la cultura de la palabra escrita durante la dictadura militar en Argentina. Esta publicación es un ejemplo de cómo los grupos de tareas atacaban las bibliotecas para privarlas de determinados autores y temas. El ataque a las bibliotecas después de aquel golpe de Estado evidencia que esas instituciones presentaban potencialidades intelectuales «peligrosas». Semejante investigación está pendiente en cuanto a lo que sucedió en otras dictaduras militares latinoamericanas (Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y otras), resultado del derrocamiento de gobiernos por la vía violenta, comúnmente destituciones de presidentes a través de golpes militares, avalados por los poderes legislativos (Congresos, Asambleas o Parlamentos) y judiciales (Cortes y Tribunales), y respaldados por el ala conservadora de la Iglesia católica y grupos dominantes de la sociedad civil.
La prohibición de uno o varios libros por ordenanza del gobierno de facto, no sólo afecta a los impresores, libreros y lectores, sino también a quienes hacen funcionar los diversos tipos de bibliotecas. En este sentido, vetar libros en el marco de un sistema de opresión es una situación que arremete contra el quehacer de las comunidades libreras, bibliográficas y bibliotecarias, limitando no sólo el desarrollo de colecciones sino también agrediendo la compra de libros, la compilación y organización de éstos y, en consecuencia, violentando el servicio de biblioteca, al bibliotecario mismo y, por ende, a las diversas comunidades de usuarios que acuden a este tipo de instituciones documentales. La panorámica de la proscripción estatal de materiales monográficos y hemerográficos es amplia en el sentido que todo tipo de gobierno sostenido en la técnica del golpe de Estado, ha llegado a vedar determinados autores, a clausurar o destruir bibliotecas y a detener, asesinar o desaparecer bibliotecarios, independientemente de sus características personales. En relación con la información proscrita, se asevera:
“Mucho se ha discutido en torno de las formas directas de censura bajo los diversos regímenes sociales y políticos que en el mundo son o han sido, la prohibición de libros y periódicos incómodos o peligrosos y el destino de destierro, cárcel o fosa de algunos escritores y periodistas.” (Galeano, 1989: 216).
En el universo represor del golpe de Estado, a la categoría del libro prohibido se suma la figura del libro quemado. Las autoridades de facto no escatiman esfuerzos así para atacar la cultura bibliográfica mediante mecanismos propios que reflejan el temor de perder el poder político obtenido por la vía ilegal. Uno de esos procedimientos nefastos de destrucción es el de formar grandes piras a las que se lanza un incalculable número y variedad de libros. De esta manera, el gobierno golpista da rienda suelta a su ánimo incendiario para intentar borrar la memoria colectiva. A este respecto se afirma:
Las dictaduras del sur han montado, como se sabe, una maquinaria del silencio. Se proponen enmascarar realidades, borrar memorias, vaciar conciencias: desde el punto de vista de este proyecto de castración colectiva, las dictaduras tienen razón cuando envían a la hoguera libros y periódicos que huelen a azufre y cuando condenan a sus autores al exilio, la prisión o
Los golpes militares como una categoría de los golpes de Estado están asociados, en efecto, a la práctica de una pedagogía militar que destruye toda posibilidad de libertades, como la libertad de educación, pues a ésta le es impuesta medidas que van en contra del desarrollo libre del proceso que implica enseñanza-aprendizaje. Esta pedagogía entraña someter y vejar la vida académica en todos los niveles del sistema educativo. Y como la escuela está vinculada con el quehacer bibliotecario, es inevitable que las bibliotecas, dada su institucionalidad social, se mantengan a salvo de la ola represiva. Así que cuando se militariza el poder político, tiende a militarizarse las escuelas, efectos que se hacen sentir también en las fuentes tradicionales de trabajo de los bibliotecarios. En el caso uruguayo es elocuente la relación de los militares con el mundo escolar y el universo bibliotecario al afirmar:
Militarización del poder, militarización de la cultura; el aula se reproduce la estructura del cuartel. Al entrar a la universidad, los estudiantes juran que delatarán a quien desarrolle tareas «ajenas» a sus estudios. Las bibliotecas públicas niegan los diarios y las revistas anteriores al golpe de Estado. De los doce diarios que había en Montevideo, quedan cuatro. (Galeano, 1989, p. 261).
Acorde con lo anterior, percibimos que los golpes de Estado acontecidos nos ilustran con una gran variedad de hechos los momentos de represión y destrucción que han sufrido los acervos bibliográficos, las bibliotecas y los bibliotecarios. Razón por la cual, los bibliotecólogos, incluidos los docentes de la bibliotecología, no podemos cruzarnos de brazos y ser meros espectadores ante estos sucesos nocivos que dañan material y espiritualmente el desarrollo cultural de los pueblos. De cara al fenómeno político que implica golpe de Estado, el gremio bibliotecario en general debe estar alerta para organizarse y levantar la voz cuando esto suceda dentro o fuera de nuestras fronteras geopolíticas. América Latina tiene desagradables experiencias en el marco del nexo «bibliotecas y golpe de Estado», por ende, el conocimiento histórico, social y político es una herramienta cognitiva para entender y hacer comprender, a la comunidad bibliotecaria mundial en general, y a la comunidad bibliotecaria latinoamericana en particular, que las instituciones bibliotecarias, como sistemas de información documental distribuidos en los diferentes aparatos ideológicos del Estado, deben ser protegidas de todo gobierno de facto. Cuando los golpistas ataquen a esos centros, el manifiesto público, a través del cual se denuncie, condene y repudie los hechos de censura y devastación ante la comunidad internacional, en un contexto de resistencia civil organizada, es un mecanismo al que los bibliotecarios (profesionales y auxiliares) en la práctica podemos y debemos recurrir.
Bibliografía
Polastron, Lucien X. (2007). Libros en llamas: historia de la interminable destrucción de bibliotecas. México: Fondo de Cultura Económica.
Sanabria López, Juan José (2002). La ciencia de la administración pública: un enfoque político de la actividad administrativa del Estado en el marco de la globalización. México, Universidad Nacional Autónoma de México.
Brito, Crane. (1985). Anatomía de la revolución. México, Fondo de Cultura Económica.
Galeano, Eduardo (1989). Nosotros decimos NO: crónicas (1963-1988). México, Siglo XXI Editores.
Invernizzi, Hernan; Gociol, Judith (2002). Un golpe a los libros: represión a la cultura durante la última dictadura militar. Buenos Aires: Eudeba.
